22.12.11

Meten en cintura las tarifas de los servicios financieros en Colombia


Si a usted le ha tocado pagar entre $4.800 y $7.500 por haber retirado dinero en un cajero automático diferente al de su banco para atender una urgencia, eso cambiará. Lo máximo que deberá pagar a partir de hoy por ese servicio serán $3.965.
Igualmente si a la hora de realizar una transacción debió declinarla —ya sea porque marcó mal la clave o digitó erróneamente el valor a retirar— el banco no le podrá cobrar.
Cabe recordar, que actualmente por una operación interrumpida o fallida los usuarios cancelan hasta $6.000, como si hubieran hecho efectivo el retiro de dinero.
Para evitar este tipo de inconvenientes y como una forma de proteger a los consumidores financieros, el Gobierno expidió el decreto 4809 de diciembre 20 del 2011, donde le puso tope a ese tipo de servicios.
No obstante, la directora de Regulación Financiera del Ministerio de Hacienda, Ana Fernanda Maiguashca, explicó que para el cobro en los retiros de cajeros automáticos del mismo banco en diferentes ciudades no aplica dicho tope.
El ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, dijo que los cambios entrarán en vigencia de manera inmediata y serán permanentes.
Con ello, subrayó, se busca no sólo que las personas tengan un alivio en sus bolsillos, sino impulsar la libre competencia entre las redes bancarias en favor de los consumidores.
“Esto permitirá tomar mejores decisiones en relación con la adquisición de los productos y servicios financieros que demanden los ciudadanos y, sobre todo, permitirá que más colombianos se bancaricen dentro de la estrategia de inclusión financiera que puso en marcha el Gobierno”, aseguró.
Por otro lado, se aclaró “que el costo de las tarifas asociadas a las operaciones a través de cajeros electrónicos deberá ser informado al usuario antes de llevar a cabo las mismas, dándole la opción de cancelar la transacción sin costo alguno”.
En cuanto a las transacciones vía internet, el decreto define que “los precios y tarifas que los establecimientos de crédito cobren a sus clientes, por consultas de saldo y transacciones virtuales, en ningún caso podrán ser superiores a las de otras redes”.
Se dispuso igualmente que las entidades bancarias deberán enviar anualmente a los usuarios un reporte de la suma total de los costos que ha pagado. Es decir, por cuotas de manejo de tarjetas débito y crédito, tarifas por operaciones en cajeros, internet y consultas telefónicas.
El superintendente Financiero, Gerardo Hernández, señaló que sin excepción todos los bancos deben ajustarse a estas medidas o podrán ser sancionados con multas.
“Por el incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en el Decreto 4809, las personas pueden interponer una queja ante el defensor del consumidor financiero de la respectiva entidad y del mismo modo, frente a la Superfinanciera”, enfatizó el funcionario.

Apretón a la letra menuda

El Ministro de Hacienda informó, asimismo, que dentro de los controles a la llamada letra menuda, se decretó que los establecimientos no podrán ajustar sus tarifas a sus clientes ni imponerle obligaciones adicionales a las inicialmente pactadas.
Para hacerlo, anotó, deberán notificar al usuario (por carta, internet y otros medios), esa novedad con antelación no inferior a 45 días al momento en que se efectúe el alza.
“Los precios y tarifas no podrán incrementarse de manera unilateral, sin que se haya preavisado al cliente, dándole la oportunidad de terminar el contrato, previo al costo de los nuevos ajustes”, agregó.
De igual manera, se prohibe a las entidades bancarias atar la venta de determinado servicio o producto. Cuando se ofrezcan servicios básicos en paquete también deberá ofrecerse la opción de adquirir dichos servicios de manera separada o no por parte del consumidor.
La presidenta de la Asociación Bancaria de Colombia, María Mercedes Cuéllar, se mostró en desacuerdo con la decisión del Gobierno de intervenir las tarifas de los servicios financieros, porque “atenta contra la libre competencia”.
Indicó que la agremiación hará una evaluación de todas las disposiciones adoptadas para sustentar una posición en los próximos días.
Los banqueros se habían opuesto a las medidas desde el año pasado, cuando en un primer paso, el Gobierno por Decreto 2555 del 2010, dispuso la difusión obligatoria de las tarifas de los servicios bancarios.

Hoy muchos bancos ofrecen servicios gratuitos en cajeros, audioconsultas y consultas vía internet.

Lo que queda pendiente

A pesar del alcance de las disposiciones de control a las tarifas por retiros de dinero en cajeros automáticos, las medidas no contemplan nada en relación a topes a las cuotas de manejo de tarjetas de crédito y débito.
Tampoco el decreto toca nada respecto al valor de los talonarios, chequeras y el costo de otro tipo de transacciones bancarias.
Lo único que se dispone es que “la fijación, difusión y publicidad de precios y tarifas, debe observar las normas y principios que propenden por la libre competencia bancaria”.
Asimismo, “los cobros que se hagan deben corresponder a la prestación efectiva del servicio, y éste no podrá ser cobrado en más de una ocasión”.

“Era algo necesario”

Para el representante conservador, David Barguil, las medidas eran necesarias.
En su opinión la llamada autorregulación financiera no ha sido suficiente, ya que muchas entidades siguen incurriendo en costos y tarifas exageradas.
”Necesitamos que haya competencia en el mercado y a su vez un trato justo con los clientes, donde todas las partes ganen”, explicó Barguil.
El político promovió el año pasado un debate público sobre las tarifas bancarias.

22.11.11

DEFENSORÍA DEL TELEVIDENTE

José Vicente Arizmendi Correa
Defensor del Televidente en Telepacífico
La Defensoría del Televidente es una figura adaptada del Defensor del Lector u “Ombudsman”, que apareció en los periódicos de Estados Unidos en 1967, inspirado a su vez en el funcionario que, en Suecia, representaba al público ante las distintas instituciones del Gobierno y el Parlamento, desde 1809. En Colombia, el primer medio de comunicación que creó esta figura fue El Tiempo, de Bogotá, en el año 2000.

En la televisión colombiana existe el defensor del televidente desde 1996. La misma norma que autorizó la televisión privada, le dio vida: “Los operadores privados del servicio de televisión deberán reservar el 5% del total de su programación para presentación de programas de interés público y social. Uno de estos espacios se destinará a la Defensoría del Televidente. El Defensor del Televidente será designado por cada operador privado del servicio de televisión.” (Ley 335 de 1996, art. 11).  

Pasaron más de diez años antes de que la Comisión Nacional de Televisión extendiera la misma obligación “a los operadores públicos de televisión abierta de cubrimiento nacional y regional y los concesionarios de espacios de televisión del Canal Uno” (Resolución 01 de 2007). La norma estableció que el espacio del Defensor se transmita un día a la semana, con una duración de media hora, en directo o en diferido, con participación de los televidentes. Los canales deben, además, informar diariamente en horario de alta audiencia la fecha y hora en que se emitirá el espacio del Defensor del Televidente. 

Sin embargo, Teleantioquia había puesto en marcha, desde el año 2001, un Comité defensor del televidente, como un mecanismo de participación “para que los televidentes se apropien de la programación, conozcan sus derechos como audiencia activa y exijan su cumplimiento”. Este proyecto fue cofinanciado desde un principio por la Comisión Nacional de Televisión.

Temas relacionados: Defensorías del mundo

DE LA DEFENSORIA DEL PACIENTE


Jaime Sierra Delgadillo
Defensor del Paciente en Cali
El servicio de la salud es un servicio público, es para todos los residentes en la República de Colombia y todos tienen derecho a este servicio; el Estado tiene a su cargo la obligación de garantizar la efectividad en la prestación de este servicio para que se preste con prontitud, agilidad, oportunidad, eficiencia, calidad, etc., en tal sentido, lo regula y lo reglamenta; puede delegar la prestación del servicio en particulares, más por este hecho NO DEJA DE SER UN SERVICIO PÚBLICO, por el contrario, es grande la obligación, el compromiso y responsabilidad del particular, porque cumple con un mandato conferido por el Estado cual es la prestación del servicio de salud.

El derecho a la salud, a la atención en condiciones dignas; como el derecho a la vida, son DERECHOS FUNDAMENTALES que tienen protección especial del Estado, de allí el amparo por vía de la ACCIÓN DE TUTELA cuando este derecho se violenta.

Los Alcaldes por mandato constitucional están es la imperiosa obligación de garantizar la efectividad en la prestación de los servicios públicos, siendo la salud un servicio público, deben garantizar esta prestación tal como lo ordena la Ley y la Constitución Nacional.

La ley establece sanciones para quien viole estos derechos y para quien no garantice su prestación, sanciones de orden administrativo por cuenta de las Secretarías de Salud Departamental y Municipal y de la Superintendencia Nacional de Salud. De orden disciplinario por cuenta de los Tribunales de Ética Médica y en algunos eventos del Ministerio Público. De orden penal cuando se incurre en omisión de socorro al paciente, homicidio o lesiones personales, por mala atención médica.

Es lamentable y sorprendente que a pesar de todos estos condicionamientos legales, las EPS reincidan de manera sistemática y permanente en la violación de los derechos de los pacientes, de los usuarios de los servicios públicos de salud; toda vez, que en la mayoría de los casos prima el interés monetario-rentístico sobre el valor de la vida y la atención de salud con calidad. Triste y escabroso que en un Estado Social de Derecho como el nuestro muchas personas mueren, incluso niños, o sufren consecuencias o secuelas irreversibles por esta mezquina y miserable realidad.

El derecho a la salud es un derecho fundamental y es nuestra obligación DEFENDERLO. Esta Defensoría del Paciente tiene esta misión y pueden acercarse a la Av. 5 AN No. 20 - 08 Piso 9 Edificio Fuenteversalles Cali, o llamar a los Teléfonos 660 36 01 - 660 80 90, y las 24 horas para casos graves y puntuales al 300 7765516.

Jaime Sierra Delgadillo
Defensor del Paciente

5.11.11

Compra a crédito directamente con el vendedor. Cobro de intereses de plazo y mora

Cuando no tenemos la totalidad del dinero para comprar un vehículo, un electrodoméstico, ropa, elementos deportivos, muebles, etc., es válido que el mismo vendedor nos facilite adquirir el producto y pagarlo en cuotas, cobrando un interés por dicho plazo. Si bien es válido, se deben seguir unas recomendaciones.

La Superintendencia de Industria y Comercio, tiene entre sus funciones, proteger al consumidor y por ende, debe tener políticas y acciones tendientes a reconocer los derechos de los consumidores, a la seguridad, la salud y protección de los legítimos intereses económicos. De tal manera que es responsable de vigilar la observancia de las disposiciones contenidas en el estatuto de protección del consumidor, hoy decreto 3466 de 1982(a partir del 12 de abril de 2012, entra a regir el nuevo Estatuto del Consumidor –Ley 1480 de 2011) en tal virtud tramita las denuncias que se presentan e inicia investigaciones de oficio tendientes a establecer su contravención. Entre otras, ordenando suspensión de conductas ilegales, sancionatorias para reprimir a los infractores y jurisdiccionales para resolver sobre la garantía mínima presunta.
Por ello, hemos encontrado unos elementos de suma importancia en la página de la Superintendencia de Industria y Comercio que amerita su transcripción, respecto a la venta a crédito, en especial, el cobro de intereses por dicho plazo cuando lo hace directamente el vendedor.

¿Cuál es el precio base sobre el cual se deben calcular los intereses en una venta a plazos?

El precio base sobre el cual se deben calcular los intereses en una venta a plazos debe ser el precio de contado.

¿Qué se entiende por precio de contado en las ventas a plazo?

Precio de contado es el menor precio al que el vendedor o expendedor está dispuesto a vender el producto o servicio por pago en efectivo o cheque pagadero a la fecha de compra.

¿Qué se entiende por interés?

El interés corresponde a la renta que se paga por el uso del capital durante un periodo determinado. Así mismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68 de la ley 45 de 1990, se reputarán también como intereses, las sumas que el acreedor reciba del deudor sin contraprestación distinta al crédito otorgado, aun cuando se justifiquen por concepto de honorarios, comisiones u otros semejantes.
Los seguros contratados que protejan el patrimonio de los deudores o de sus beneficiarios no se reputarán como intereses. De igual forma, los cobros correspondientes a IVA, bien sea que se deriven del cobro de intereses o de seguros contratados, tampoco se considerarán como intereses.

¿Cuál es la tasa máxima de interés que se puede cobrar durante el periodo de financiación?

El límite máximo legal para el cobro de intereses tanto remuneratorios como moratorios corresponde a una y media (1.5) veces el interés bancario corriente que certifica la Superintendencia Financiera para el mes correspondiente.

¿Qué sucede si se cobran intereses superiores al límite máximo establecido por ley?

De acuerdo con lo establecido en la ley, cuando se cobren intereses que sobrepasen los límites fijados, el acreedor perderá todos los intereses, bien sea los remuneratorios, los moratorios o ambos según se trate. En tales casos, el consumidor podrá solicitar la inmediata devolución de las sumas que haya cancelado por concepto de los respectivos intereses y una suma igual a la suma pagada en exceso a favor del consumidor a título de sanción.

¿Cómo se determina el monto a financiar?

El precio base para el crédito corresponden al precio de contado menos la cuota inicial si la hubiere. No obstante, si en el establecimiento se ofrece un bien o un servicio a un precio si lo compra financiado y un precio inferior si lo compra de contado, se presumirá que la diferencia de precio entre el contado y el financiado corresponderá a intereses, por lo que la sumatoria de éstos no puede exceder el interés máximo legal permitido.

¿Es posible cobrar simultáneamente intereses remuneratorios e intereses de mora respecto de la misma cuota y durante el mismo período?

No. El vendedor – acreedor no podrá realizar el cobro simultáneo de intereses remuneratorios y moratorios respecto del mismo saldo o cuota y durante el mismo período.

¿Es posible exigir el pago de intereses de mora por adelantado?

No. En ningún caso se podrá exigir por adelantado el pago de intereses moratorios.

¿Es posible establecer una cláusula sancionatoria por el pago anticipado del saldo pendiente por cancelar?

No. El deudor podrá pagar anticipadamente el saldo pendiente de su crédito, por lo tanto no podrán establecerse cláusulas penales o sanciones por pago anticipado ni exigirse el pago de intereses durante el período restante. (Sobre el particular, muchos vendedores  cometen un error, pues financian el producto a un plazo, fijan el valor de cada cuota con su respectivo valor y hacen firmar tantas letras de cambio por el valor de la cuota capital e intereses y si el cliente va a pagar por anticipado, debe pagar el valor completo de cada letra, que incluye capital e intereses. Ejemplo: El valor del producto vale $1.000.000.oo se financia a 10 cuotas con su respectivo interés de plazo, quedando cada cuota de $102.000,oo y firma el cliente 10 letras de cambio cada una por $102.000,oo para pagar y recoger cada mes. Si al tercer mes, el cliente paga las siete (7) cuotas pendientes -$700.000-, debería pagar el capital adeudado, pero si paga el valor de cada letra, estaría pagando al tercer mes, la suma de $ 714.000,oo, o sea, $14.000 de financiación o plazo que no está usando)

¿Es posible cobrar intereses de mora por cuotas no vencidas?

No. Los intereses moratorios sólo se causarán respecto del monto de las cuotas vencidas, salvo que se haya pactado la cláusula aceleratoria, en cuyo caso por ser de carácter facultativo, para hacerla efectiva será necesario requerimiento expreso del acreedor al deudor o presentación de la demanda. (La cláusula aceleratoria no se debe confundir con pago anticipado, pues la cláusula aceleratoria es un castigo, ya que el acreedor está exigiendo el pago anticipado de las cuotas futuras por culpa del deudor que incumplió)

¿Quién tiene la obligación de verificar los límites máximos de las tasas de interés?

Corresponde a todo proveedor o comerciante que celebre contratos de adquisición de bienes muebles o prestación de servicios mediante sistemas de financiación, revisar mensualmente si la tasa de interés que está cobrando a sus deudores se encuentra dentro de los límites máximos legales para el periodo correspondiente. Si en cumplimiento de la mencionada obligación concluye que la tasa de interés pactada está por encima del máximo legal permitido por la ley, deberá reducirla a dicho límite. Por el contrario, si el límite máximo legal en un periodo siguiente vuelve a ser superior a la tasa inicialmente pactada se podrá liquidar y cobrar para dicho periodo la tasa inicialmente pactada.

¿Cuál es la autoridad competente para conocer la vulneración de normas relativas a los contratos de adquisición de bienes muebles o prestación de servicios mediante el sistema de financiación?

La Superintendencia de Industria y Comercio en uso de sus facultades podrá verificar el interés cobrado para que este no exceda el interés máximo legal permitido, y en caso de que se haya pactado un interés mayor al legal permitido, podrá imponer sanciones pecuniarias, ordenar la devolución de las sumas pagadas en exceso y una suma igual a la suma pagada en exceso a favor del consumidor a título de sanción.
Asimismo, la Superintendencia podrá verificar la información entregada al consumidor en relación con el interés, cuota, tiempo de financiación, precio base del crédito, entre otros. (Si la financiación la hace una entidad financiera, el competente es la Superintendencia Financiera)

¿Qué se entiende por el derecho al retracto en las ventas a plazo?

En todos los contratos de adquisición de bienes muebles y prestación de servicios mediante el sistema de financiación, se entenderá pactada la facultad de retractación de cualquiera de las partes, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la entrega del bien.
En el evento en que cualquiera de las partes haga uso de la facultad de retractación se resolverá el contrato y por consiguiente, las partes restablecerán las cosas al estado en que se encontraban antes de su celebración. La facultad de retractación es irrenunciable.
Esta facultad no aplica para los contratos relativos a alimentos, vestuarios, drogas, atención hospitalaria y educativa. (En la nueva Ley 1480 de 2011, artículo 47, el término para el retracto será de cinco (5) días hábiles)

Material relacionado:

Fuente: www.actualicese.com

Cambio de medidor de agua o energía. Derechos y obligaciones del usuario

Cuando hay fallas en la lectura del medidor del agua o de energía, éste debe ser revisado por la empresa de servicios públicos, pero el usuario tiene derecho a que participe en la inspección o retiro provisional un técnico particular, so pena, de ser ilegal cualquier cobro que quiera hacer la empresa de servicios públicos.

Cuando hay una mala lectura de la medición del consumo de agua, energía o gas domiciliario, se hace necesaria la respectiva investigación que determine las causas, bien porque se está cobrando en exceso o bien por qué se está cobrando muy por debajo del consumo histórico.
Dicha investigación se debe iniciar bien por solicitud del usuario o de oficio por la Empresa de Servicios Públicos.

Asistencia de un técnico particular cuando la Empresa de Servicios Públicos va realizar la revisión

Si hay algo que desconoce la mayoría de usuarios de servicios públicos domiciliarios, por no decir “todos”, es el derecho a que un técnico particular acompañe a los funcionarios de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios en la revisión de los elementos de medición –medidor/contador- y de instalaciones internas.
Además, del derecho a que el concepto emitido por el técnico particular, quede anotado en el informe o acta que levanten los funcionarios de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios.
Para ello, es obligatorio que la Empresa de Servicios Públicos informe con una antelación mínima de tres (3) días hábiles al usuario, el día exacto y si es en la mañana o tarde en que se hará la visita, para que éste tenga tiempo suficiente de conseguir a un técnico particular si quiere que lo asista en la revisión de medidores/contadores y las conexiones internas junto con dichos funcionarios.
Nota: En caso de visitas técnicas tendientes a la detección de anomalías no imputables a la empresa, ni generadas por el uso normal de los bienes en la conexión domiciliaria y en el equipo de medida o para evitar un perjuicio mayor a los usuarios relacionando con la continuidad y calidad del servicio, el periodo de antelación al que hace referencia del inciso anterior será de una (1) hora para obtener la asesoría o participación de un técnico. (Si el usuario lo solicita, los funcionarios deben hacer espera razonable para que llegue el técnico particularResolución CRA 413 de 2006, artículo 12 Comisión de Regulación de Agua.

Retiro y cambio de medidor. ¿Cuál es su procedimiento?

Una vez efectuada la revisión en los términos antes anotados (con el derecho a la asistencia de un técnico particular, si deseamos), si los funcionarios de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios consideran que el problema es posiblemente por la estado del medidor/contador y por ende, debe ser retirado para ser revisado, se debe tener en cuenta lo siguiente:
  • Informar al usuario con una antelación no inferior a dos (2) días hábiles, levantando acta el día que se realice y el estado en que se encuentra el medidor/contador en ese momento y la forma en que se retiró (Ejemplo: mojado, quebrado, golpeado, quemado, etc.), además, el usuario podrá hacer las anotaciones en el acta que considere pertinentes para el análisis del equipo que se retiró.
  • La empresa de servicios públicos tiene un término máximo de 30 días hábiles, para entregar al usuario el resultado de laboratorio de la revisión del medidor/contador.

¿Qué pasa si el resultado de laboratorio es que debe ser cambiado por otro?

En dicho caso, una vez notificado al usuario sobre la falla, el aparato debe ser devuelto al usuario, bien para que lo repare únicamente ante un laboratorio acreditado para dicho fin por la Superintendencia de Industria y Comercio.
Si el medidor/contador NO tiene arreglo, el usuario podrá comprarlo ante cualquier empresa autorizada para dicho fin y tiene para ello máximo el término de un periodo de facturación (mensual o bimestral según el caso) para adquirirlo.
Si vencido dicho término el usuario no ha adquirido el medidor/contador, la Empresa de Servicios Públicos que suministra el servicio, instalará uno nuevo y lo cobrará.

Material relacionado:

Fuente: www.actualicese.com
http://actualicese.com/actualidad/2011/11/03/cambio-de-medidor-de-agua-o-energia-derechos-y-obligaciones-del-usuario/

29.10.11

AFÍLIESE A "FUNDECONSUMO" PARA RECLAMAR EFECTIVAMENTE

USTED REALIZA VARIAS TRANSACCIONES COMERCIALES CADA DÍA. ¿LE GUSTARÍA CONTAR CON ASESORÍA LEGAL DE RESPALDO EN TODOS SUS ACTOS DE CONSUMO? 
 
Usted necesita asistencia legal permanente para  hacer efectiva la garantía de calidad en todas sus compras de bienes y servicios, reclamar si ha sido víctima de publicidad o información engañosa, o de reporte ilegal a las centrales de riesgo, oponerse al cobro abusivo en ventas a crédito y retractarse oportunamente de las compras realizadas por teléfono, internet o catálogo.

Por otra parte, si recibe una citación judicial, un aviso de cobro o una notificación de embargo, o piensa tomar una decisión de negocios o firmar un contrato, usted necesita contar con un abogado de confianza. No es el momento de salir a buscarlo. En los actos jurídicos cotidianos como comprar bienes o contratar servicios, hacer valer sus derechos o poner en orden sus asuntos legales, tener a mano un Consultor Legal confiable le evita errores costosos o que alguien se aproveche de su inexperiencia, desconocimiento o necesidad. Recuerde que desconocer sus derechos equivale a no tenerlos.

A usted le conviene afiliarse a FUNDECONSUMO. Con su Carnet de Membresía puede reclamar o quejarse con mayor efectividad. Valor de la membresía: $240.000 anuales, pagaderos en tres mensualidades sucesivas de $80.000. La afiliación le da derecho a asistencia legal mediante atención personalizada, telefónica y por correo electrónico.   Requisitos para la afiliación: Formar parte de un grupo de mínimo 10 personas pertenecientes a un Fondo de Empleados o Cooperativa y autorizar el descuento mensual por nómina, o individualmente, autorizando el débito automático mensual de su cuenta de ahorros. 


Contáctenos en:
E-mail: info@fundeconsumo.org
www.fundeconsumo.org
Tel. 8881978
Sede: Carrera 3 No. 12-40 Oficina 305 Cali (Colombia)

      ¡Control de Calidad es calidad de Vida!  


¿Cuáles son los "servicios públicos"?




Cuando se habla de reclamo por servicios se incluyen por supuesto los "servicios públicos" que no comprenden solo los "domiciliarios" como "el agua y la luz" sino una gama amplia que sintetizamos aquí:
Cuadro esquemático y demostrativo de la clasificación de los Servicios Públicos:

20.10.11

¿Consumidores con el sartén por el mango?


El Estatuto de Protección al Consumidor, recientemente sancionado, surge como una respuesta necesaria a las nuevas dinámicas de un mercado abierto y globalizado, respecto del cual la normativa diseñada y expedida en el año 1982 había quedado obsoleta.


Las nuevas normas resultan sumamente positivas para los consumidores, quienes contarán con mecanismos efectivos para la defensa de sus derechos. Igualmente, la compilación de disposiciones legales que anteriormente se encontraban regadas en distintos cuerpos normativos o que obedecían al copioso desarrollo jurisprudencial en la materia, promueve la seguridad jurídica y el conocimiento por parte de los distintos agentes involucrados. Sin embargo, el nuevo Estatuto implica también mayores compromisos para productores y expendedores, quienes se verán sujetos a una reforma estructural en materia de responsabilidad y de sanciones.


En efecto, el legislador dotó el nuevo Estatuto con verdaderos dientes para garantizar los derechos de los consumidores. Por ejemplo, en el pasado no era del todo inusual encontrar casos de productores inescrupulosos que, al calcular los beneficios contra las posibles sanciones, conscientemente decidían incurrir en campañas publicitarias susceptibles de ser consideradas engañosas. Bajo la nueva ley, es de esperarse que tales situaciones se vuelvan más inusuales, pues no solo se incrementa hasta los 2.000 salarios mínimos mensuales vigentes el tope máximo de las sanciones para las personas jurídicas, sino que, adicionalmente, se podrá sancionar también directamente a los administradores, directores, representantes legales socios u propietarios que autoricen o ejecuten conductas contrarias a las normas de protección al consumidor, con multas hasta de 300 salarios mínimos mensuales vigentes. Además, la autoridad podrá también ordenar el cierre temporal o permanente del establecimiento de comercio, así como prohibir hasta por 5 años el ejercicio del comercio a personas naturales.

Por otra parte, la nueva ley deja perentoria y expresamente establecida la solidaridad entre productores y expendedores, para responder ante el consumidor por la calidad, idoneidad, seguridad, buen estado y funcionamiento de los bienes y servicios puestos en el comercio. Lo anterior quiere decir que ahora, sin lugar a dudas, el consumidor podrá elegir si sus reclamaciones en materia de la garantía legal o de los daños por productos defectuosos, entre otros, las dirige directamente al productor o al expendedor. De esta manera, las nuevas disposiciones necesariamente requerirán de un mayor control por parte de los productores al momento de elegir canales de distribución aguas abajo, así como por parte de los expendedores al elegir los productos que ofrecerán al público.



Otra iniciativa positiva en el nuevo Estatuto radica en la mayor claridad que se le imprimió a los procedimientos aplicables a las reclamaciones por violación de los derechos del consumidor, de la cual no solo se beneficiarán estos últimos. Especialmente, la ley precisa qué tipo de disputas serán conducidas por procedimientos jurisdiccionales y cuáles podrán ser investigados de oficio por la Superintendencia de Industria y Comercio en ejercicio de facultades administrativas. El nuevo procedimiento jurisdiccional tiene características únicas cuyo conocimiento resulta fundamental para las partes. Por ejemplo, el Estatuto establece la reclamación directa como un requisito de procedibilidad y, adicionalmente, prevé que en esa etapa se practiquen las pruebas que podrán hacerse valer en el proceso jurisdiccional. Así, ahora la reclamación directa cobra gran relevancia, en la medida en que ahí se determinará el alcance y éxito del litigio.

En un principio, podría pensarse que el Estatuto es favorable exclusivamente para los consumidores. Sin embargo, un análisis más profundo indica que también será favorable para productores y expendedores, ya que fortalecerá la competencia leal, y quienes por años han incorporado autónomamente altos y costosos estándares de calidad en sus productos, se verán finalmente recompensados.

Por Diego Cardona y Paula Vargas

2.10.11

SIC La Revista Digital de la Superindustria



Cuando usted se suscribe al Boletín para el Consumidor, también estará accediendo a un completo portafolio de información que incluye:
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Consumidores ahora tienen nuevo portal web de la SIC



Presentar quejas o reclamos, consultar resoluciones y normas, obtener información sobre la propiedad industrial, conocer los derechos y deberes y entender qué es la libre competencia son algunas de las actividades que podrán hacer en la nueva página.
Como parte del interés que ha tenido la gestión del superintendente José Miguel de la Calle por fortalecer las estrategias que amparan al consumidor, esta nueva inversión de la SIC abrirá un canal más directo y actualizado para quienes sientan que sus derechos fueron vulnerados.
“Este nuevo portal se convierte en una guía práctica y útil para satisfacer las necesidades y requerimientos de los usuarios. Se podrán radicar solicitudes, realizar consultas sobre el estado de los trámites, participar en foros y comentar noticias publicadas en los medios de comunicación relacionadas con la actividad de la entidad. Así mismo, las personas podrán enterarse de todos los acontecimientos relacionados con la SIC”, indicó el organismo.
Además de los nuevos colores incorporados y una tipografía más moderna, lo novedoso de este nuevo portal es que se concentra en ser un canal muy informativo y explícito.
Uno de los principales cambios fue la barra de comandos en la parte superior central. A diferencia de la versión anterior, el nuevo menú es más fresco y sencillo pues desaparecen del diseño de la web los enlaces en cada botón y solo aparecen cuando se pasa el curso sobre las palabras.
Del lado izquierdo de la página, se habilitaron dos comandos que evitan perderse navegando por el portal. En un primer renglón hay una casilla de búsqueda para trámites y servicios (requisitos, tarifas, ). Acá el usuario debe introducir la palabra clave y el sistema lo enviará directamente a los posibles sitios donde se encuentra la información solicitada.
En una segunda casilla, las personas pueden consultar qué trámites pueden realizar en línea, con esto se evitan la movilización hasta las oficinas de la SIC.
En la misma sección de la página en internet, el organismo ubicó más herramientas de acceso directo a la información. Por ejemplo, crearon la sección “Lo más solicitado”, donde los consumidores y proveedores o comerciantes pueden enterarse de temas claves como los boletines periódicos de la SIC, cómo registrar una marca, la gaceta oficial de la propiedad intelectual, asesoría en línea (chat), entre otros aspectos.
El portal también tiene el calendario de eventos organizados por la SIC y un área enfocada totalmente al tema de las contrataciones. En este espacio se ofrece información sobre la normativa hasta temas como los procesos.
Con el propósito de aumentar el conocimiento de los consumidores también hay una sección de publicaciones, en la que se podrá leer la revista que publica la SIC y el boletín jurídico. Este link está junto a otro item dedicado a hablar de los productos que posee tanto el organismo como los demás entes del Estado para que los consumidores estén bien informados: guías, libros y otras herramientas.
La plataforma web también fue aprovechada para subir videos. Los usuarios tendrán a mano tanto comerciales hechos por la SIC como algunos contenidos multimedia que hablan sobre normas o presentaciones de directivos.
A partir de ahora no habrán excusas para estar informado sobre la propiedad industrial, la protección al consumidor y a la libre competencia.
Esperan la sanción presidencial del nuevo estatuto
El nuevo Estatuto del Consumidor, proyecto que lideró el presidente de la Cámara de Representantes, Simón Gaviria, está a la espera de la sanción por parte del presidente de la República, Juan Manuel Santos, luego de que se termina de aprobar por el Congreso. Esta normativa vendría a complementar las estrategias que emprendió la SIC para actualizar todo lo concerniente al consumidor en Colombia. El nuevo estatuto está compuesto por 10 títulos, 20 capítulos y 82 artículos.
Vanessa Pérez Díaz

23.9.11

Consumocentrismo, otra vía para conocer al cliente


Cristina Quiñones / Gerente de Consumer Insights 
Foto: Archivo Portafolio.co


Los aspectos ocultos de pensar, sentir o actuar de los consumidores sirven como punto de partida para innovar.

Detrás de los datos que arrojan las encuestas y las clásicas investigaciones de mercados que contratan las compañías, seguramente está un consumidor que no ha revelado sus motivaciones reales para comprar sus bienes y servicios.

Por esta razón la experta peruana Cristina Quiñones, al argumentar que “no nacimos con marcas, nacimos desnudos”, invita a las empresas a conocer cada vez más profundamente al consumidor y conectarse con las razones reales que lo llevan al punto de venta.

Este ejercicio en el que el cliente se convierte en el centro de las decisiones es lo que ella llama el consumocentrismo.
La fundadora y directora gerente de Consumer Insights, que promueve el tema en América Latina, estuvo esta semana en Medellín invitada por el centro comercial Santafé Mi Mundo, para dictar la conferencia ‘Consumer Insights, desnudando la mente del consumidor’ a los comerciantes que están en estos centros comerciales de Bogotá y de la capital antioqueña.
“En lugar de productos pensemos en el consumidor”, dice Quiñones, quien basa su propuesta en los insights, aspectos ocultos de pensar, sentir o actuar de los consumidores, que son los que sirven como punto de partida para innovar en las estrategias de comunicación, de mercadeo e incluso del mismo producto.
Para la experta, los números que arrojan los estudios de mercado son una señal de lo que pasa, pero no reflejan la realidad de lo que lleva al consumidor a esa marca o a ese bien.
Su propuesta está en el uso de técnicas que permitan descubrir lo irracional. Un consumidor no compra porque necesita un producto o porque le gusta una marca, o porque persigue precios favorables, dice.
A su juicio, al lado de ese argumento puede estar su pasado, su infancia, su inclinación por valores determinados, una experiencia satisfactoria o una aspiración y, justamente, es eso lo que la empresa debe proporcionarle al consumidor, teniendo el producto como un vehículo.
No hay que creerle al consumidor la primera respuesta cuando se le pregunta por qué compra o consume algo, afirma.
Constanza Gómez G.
Economía y negocios

MEDELLÍN

 Fuente: 
http://www.portafolio.co/finanzas-personales/consumocentrismo-otra-conocer-al-cliente