El Estatuto de Protección al Consumidor, recientemente sancionado, surge como una respuesta necesaria a las nuevas dinámicas de un mercado abierto y globalizado, respecto del cual la normativa diseñada y expedida en el año 1982 había quedado obsoleta. Las nuevas normas resultan sumamente positivas para los consumidores, quienes contarán con mecanismos efectivos para la defensa de sus derechos. Igualmente, la compilación de disposiciones legales que anteriormente se encontraban regadas en distintos cuerpos normativos o que obedecían al copioso desarrollo jurisprudencial en la materia, promueve la seguridad jurídica y el conocimiento por parte de los distintos agentes involucrados. Sin embargo, el nuevo Estatuto implica también mayores compromisos para productores y expendedores, quienes se verán sujetos a una reforma estructural en materia de responsabilidad y de sanciones. En efecto, el legislador dotó el nuevo Estatuto con verdaderos dientes para garantizar los derechos de los